A través de un entramado de empresas relacionadas con la fundación AFAL contrataban cursos de formación para enfermos de alzheimer de 80 años, seguros de vida, producto financieros de lo más variado.... Llegaron a vender edificios propiedad de algunos de estos tutelados y sin avisar a sus familias.
Ex trabajadores de esta fundación denunciaron las presuntas irregularidades, y en este proceso judicial comparecerán como testigos. "Yo trabajaba para AFAL. Al denunciar lo que están haciendo, me dijeron que era un error pero la situación no se corrigió. Al quejarme comencé a estar más atenta", cuenta Pilar Palao. Esta antigua empleada fue despedida en julio del 2013, en ese momento decide ponerse en contacto con otros ex trabajadores y comienzan a montar el puzzle completo.
Las familias de los más de 100 tutelados que tenía esta fundación comenzaron a contarles a estos trabajadores que les impedían ir a ver a su familiares, les alejaban de ellos, les imponían un régimen de visitas... Casualmente estos ancianos tenían gran patrimonio. "Es curioso que no llegaron a tutelar a nadie sin recursos", desataca Palao.
Ahora, la justicia está intentando cuantificar la cantidad que AFAL ha podido obtener de estos tutelados: "Se han podido llevar más de 200 millones de euros. Hay transferencias de dinero hechas directamente a cuentas de la presidenta. Han facturado 50.000 euros a un anciano por un curso de formación. ¿Qué le van a enseñar?, no tiene sentido". Los antiguos empleados de AFAL esperan que con este proceso judicial se haga justicia y se depuren responsabilidades.