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*.- Business TV emitió un informativo especial sobre biotecnología en el que participaron representantes de Amgen, Biogen y Pharmamar .
*.- El sector espera que el nuevo Gobierno sea sensible a la aportación que realiza a la sociedad y abandone los criterios economicistas .
El pasado jueves 15 de diciembre, Business TV emitió un programa especial de carácter informativo para acercar a los televidentes al mundo de la biotecnología. Para ello, fue necesaria la colaboración de tres empresas punteras de la rama farmacéutica del sector en España, Amgen, Biogen y Pharmamar, que aprovecharon el espacio para lanzar sus reivindicaciones pensando en la inminente formación del nuevo equipo de Gobierno. En este sentido, José Motellón, director médico de Amgen; Guillermo Sellers, director médico de Biogen; y Regina Múzquiz, directora de Relaciones Institucionales de Pharmamar (Grupo Zeltia), señalaron de forma unánime las graves dificultades por las que atraviesa el sector y pidieron un mayor reconocimiento a la labor innovadora que este realiza.
Este reconocimiento pasa, en parte, por una política de precios adecuada. "La Ley de Garantías dice que los esfuerzos en I+D que hacen las empresas deben tener repercusión en el precio de los productos, aunque es una disposición que no se ha desarrollado. Esa es quizás una de las principales asignaturas pendientes que tienen las autoridades sanitarias", recordó. El problema, según Sellers, es que estas no han abandonado los criterios economicistas.
Este argumento fue suscrito por José Motellón, quien pidió a la Administración que sea capaz de superar los criterios de valoración basados estrictamente en el coste de los fármacos y analice el ahorro final que estos pueden aportar al SNS, al evitar hospitalizaciones, complicaciones de las enfermedades... A este respecto, esta política de precios sería el complemento perfecto para los programas de subvenciones que ha puesto en marcha el Gobierno. Estos, según Múzquiz, "son importantes, pero no suficientes".
Impagos de 400 días
En este mismo orden de cosas, los tertulianos apuntaron la necesidad de que la Administración ponga freno a los impagos, una realidad que causa desasosiego entre las multinacionales que operan en nuestro país. "Nuestra matriz no entiende que haya países que pagan en 40 días y otros, como España, que tardan más de 400. Eso hace que puedan llegar a replantearse su negocio aquí", deslizó Motellón.
Pharmamar, una empresa del país, también está sufriendo graves dilaciones en los pagos, aunque en este punto parece que no todos son iguales. "Existe una comunidad, de la cual no quiero decir el nombre, que lleva tres años sin pagarnos", aseguró Múzquiz.
Los participantes en el espacio presentado por Santiago de Quiroga, presidente del Grupo Contenidos, también se quejaron la superposición de reglamentaciones que tienen que cumplir las compañías biotecnológicas para poder comercializar sus fármacos.
Cabe decir que la directora de Relaciones Institucionales de Pharmamar fue la que más hincapié hizo en este tema y denunció la falta de cohesión en la política farmacéutica de las comunidades como uno de los principales problemas a los que se enfrentan las compañías biotecnológicas. "Además de recibir la autorización de la EMA y la Comisión Europea, los medicamentos que van a ser comercializados en España tienen que someterse al Ministerio de Sanidad y sus criterios de financiación y asignación de precios. Superado esto, viene la odisea de enfrentarse a 17 políticas diferentes, que dificultan enormemente el proceso", explicó.
Tal es la complejidad del entramado regulatorio que tienen que atravesar los productos farmacéuticos biotecnológicos que las empresas ya disponen de sus propios equipos de "gente especializada" para solventar todos estos trámites y poder lanzar los medicamentos al mercado lo antes posible, indicó Sellers. "Esta es la única manera de reducir el tiempo que tardan los pacientes en acceder a nuestros nuevos fármacos", apostilló.
Cuestión de voluntad
Para solventar este asunto, no es preciso acudir a una centralización excesiva o a la retirada de competencias a las comunidades, aseguró Motellón. Desde su punto de vista, "solo es cuestión de voluntad política" y que las comunidades actúen con una mayor cohesión. "En la EMA están representados todos los países de la UE y los procesos no se alargan tanto", dijo.
Pese a la batería de reivindicaciones que se lanzó durante el programa, también hubo tiempo para el optimismo. En este sentido, Múzquiz se mostró convencida de que el nuevo Gobierno "será más sensible a la necesidad de cambiar el modelo productivo, estimular la innovación y cohesionar las políticas de las comunidades". Asimismo, aceptó que la industria tiene también su parte de responsabilidad en hacer ver a las autoridades la importancia de acometer estos cambios.
Por su parte, Sellers recordó el gran prestigio que tiene el sistema español de ciencia y llamó a la preservación de esa buena imagen, para lo cual será clave la eliminación de las trabas que hasta ahora están desarrollando su expansión. "Los que llevamos mucho tiempo en esto sabemos de la gran imagen que tiene España como centro de investigación, pero tememos que volvamos a la cola con el desarrollo de políticas inadecuadas", advirtió.