Lo novedoso es que, hasta ahora, este blindaje solo arropaba a las empresas españolas frente a las extranjeras no pertenecientes a la UE. Ahora, el Ejecutivo de Sánchez extiende el veto a las que estén también dentro de ella. Al menos, hasta el próximo 30 de junio de 2021.El Gobierno tendrá así la última palabra si una compañía extranjera quiere controlar o adquirir cierto protagonismo (por encima del 10% del capital social) en una española basándose en el interés estratégico de esta última.
Calviño ha matizado que esta nueva medida se aplicará a los inversores europeos que quieran tomar el control o comprar una participación importante en sociedades cotizadas a través de operaciones que superen los 500 millones de euros.
Este escudo protege solo a aquellas compañías consideradas estratégicas a criterio del Gobierno, y entre ellas destacan aquellas encargadas de gestionar infraestructuras estatales (energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera...), las que suministran consumos fundamentales (eléctricas e hidrocarburos) y aquellas con acceso a datos personales.