Para estos afectados, según señaló ayer el citado despacho, es «absolutamente intolerable» que el Estado «mire hacia otro lado» en un asunto de tanta repercusión social y sanitaria «dando primacía al efecto recaudatorio del tabaco por encima de la salud de los españoles, máxime cuando es por todos conocidos que alrededor del 80% del precio del tabaco corresponde a impuestos».
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